La Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) celebra que en el Congreso de los Diputados se haya rechazado la aprobación por ley de la reducción de jornada a 37,5 horas. Para el sector metalúrgico suponía un auténtico desplome para la productividad y la competitividad.
Así pues, hay que recordar que era una medida que no provenía del Diálogo Social ni de la negociación colectiva. Esta medida era una injerencia unilateral del Gobierno que ignoraba los mecanismos de negociación colectiva. Si vamos a las cifras, en Catalunya ya hay 101 convenios colectivos firmados con jornadas por debajo de las 37 horas pactadas libremente hasta el 31 de octubre de 2024. Esto demuestra que el diálogo social funciona y permite adaptar las condiciones laborales a cada sector. Imponerlo por ley rompe el consenso, genera inseguridad jurídica y atenta contra uno de los grandes éxitos democráticos: la concertación social.
Declaraciones de Jaume Roura, presidente de la UPM
Jaume Roura, presidente de la UPM, subraya: "Nosotros, como patronal, siempre queremos defender a los trabajadores porque es una necesidad que tenemos y, a la vez, nuestras empresas. Pero, precisamente, para defender a los trabajadores hay que hacerlo en el marco de qué ya está construido que es la negociación colectiva y, a través de ella, buscar el cómo resolver las diferencias y soluciones entre trabajadores/as y empresarios/as". En este sentido, Roura vuelve a matizar: "Desde la UPM no vamos en contra de nada, sino a favor del sentido común y defender la posición de todos en los mecanismos más representativos y de éxito que ya tenemos". También la UPM quiere trasladar un mensaje a los miembros del Congreso de los Diputados: "Agradecemos que, en esta ocasión, la clase política de nuestro país haya escuchado al empresariado e impongan el sentido común por mayoría", concluye Roura.
Impacto en negativo de la reducción de jornada
Hay que recordar que la reducción de la jornada sin una disminución proporcional del coste horario habría implicado un aumento directo de los costes laborales. Las estimaciones sitúan este impacto en 12.000 millones de euros adicionales para las empresas, que, sumados al coste del absentismo (37.000 millones anuales), llevan la factura global a cerca de 49.000 millones de euros, el equivalente al 4,1% del PIB español. Para las pymes y los autónomos, esto supone una presión financiera insoportable que pone en riesgo su viabilidad.
La imposición de una reducción horaria generalizada desconectada de la realidad sectorial debilita la productividad y, por tanto, la competitividad de las empresas. Esto se traduce en una pérdida de eficiencia y capacidad de innovación, especialmente en los sectores más expuestos a la competencia internacional. El resultado es una economía menos dinámica y menos capaz de crear y mantener puestos de trabajo de calidad. En este sentido, la reducción obligatoria impactaría con fuerza en sectores que requieren servicios 24/7 (como sanidad, dependencia, transporte o restauración), que deberían contratar más personal sin tener margen económico para hacerlo. Esto puede comportar pérdida de miles de puestos de trabajo y comprometer la continuidad de servicios básicos destinados a personas vulnerables.
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