Tal y como os informamos, el pasado 29 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía la duración del permiso por nacimiento y cuidado del menor, así como en los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento. Esta modificación normativa afecta al Estatuto de los Trabajadores, al Estatuto Básico del Empleado Público y a la Ley General de la Seguridad Social, completando la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores.
A partir de ahí, la UPM se suma a la valoración conjunta de CEOE y CEPYME, donde estamos adscritos. Por este motivo, lamentamos que, una vez más, el gobierno español esté adoptando medidas de impacto para las empresas sin contar con los interlocutores sociales y sin respetar las vías del diálogo social. Esta medida, que se ha tomado sin previa consulta a empresarios y sindicatos, es un ejemplo más de una dinámica preocupante que ignora el modelo de concertación social que ha sido clave en la estabilidad económica y social de nuestro país desde el comienzo de la democracia.
Esta forma de proceder se produce en un contexto especialmente sensible para el tejido productivo de nuestro país. Las empresas españolas afrontan ya una elevada presión: una tasa de absentismo sin precedentes (con 1,6 millones de personas que faltan cada día en su puesto de trabajo); una caída de la productividad por ocupado del 0,7% en el segundo trimestre; una propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas semanales que no tiene en cuenta la diversidad sectorial ni la realidad de convenios y plantillas; una alta fiscalidad que merma la competitividad de las empresas fuera de nuestras fronteras; y la imposición de obligaciones continuas, como los pretendidos cambios del registro horario y la creciente burocracia, que ahogan especialmente a las pymes y autónomos.
Para estimular la inversión, consolidar los avances en el empleo y frenar su desaceleración, resulta imprescindible evitar la proliferación de anuncios de cambios normativos que generan incertidumbre, rigidez y mayores costes para las compañías y limitan la capacidad de adaptación de las empresas y las personas trabajadoras al entorno.
Desde la UPM reclamamos responsabilidad institucional y una vuelta al diálogo social real, estructurado y eficaz, especialmente en materias delicadas que afecten al mercado laboral y que requieren el consenso y la participación de todos los agentes implicados. Las empresas necesitan previsibilidad, seguridad jurídica y entornos reguladores estables que les permitan operar con garantías.